Acorde a la evaluación de la organización internacional, cada vez está más claro que están fracasando esas garantías que el movimiento talibán pretendió dar al mundo de haber resurgido al frente de Afganistán como un grupo reformado que protegería los derechos de las mujeres y garantizaría la libertad de expresión. Con tal motivo, Amnistía Internacional insta al gobierno argentino a que haga todo lo posible para garantizar que los miembros del foro global asuman urgentemente los siguientes compromisos en la reunión del 12 de octubre:
• Detener inmediatamente todas las deportaciones y devoluciones forzosas y garantizar la protección de todas las personas afganas en sus territorios mediante la concesión del estatus de refugiado u otras formas de protección internacional, con especial consideración de todas las mujeres y niñas afganas por el alto riesgo de persecución por motivos de género.
• Suspender los requisitos de visado y/o agilizar los visados humanitarios a los grupos de riesgo, incluyendo a periodistas, miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, en particular, mujeres, que trabajen en este ámbito, así como en los sectores de seguridad, justicia y el sistema judicial. También para miembros de grupos étnicos y religiosos minoritarios.
• Abrir o aumentar las vías seguras de protección, como el reasentamiento y el patrocinio comunitario, en el caso de los Estados que dispongan de recursos para ello. También en este aspecto se demanda tener en cuenta la situación particular de las mujeres.
• Por último, todos los Estados deben investigar a cualquier persona bajo su jurisdicción de la que se pueda sospechar razonablemente que ha cometido crímenes de derecho internacional en Afganistán, incluso en virtud del principio de jurisdicción universal. Los Estados parte del Estatuto de Roma deben cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) en su investigación sobre la situación en Afganistán. Y se debe exigir, asimismo, el compromiso del nuevo régimen de respetar los tratados de derechos humanos, ratificados y vinculantes para Afganistán.
Por todo esto, y sin dejar de reconocer el aporte continuo de ayuda humanitaria para la población que sufre en Afganistán por parte de los Estados que apoyan su desarrollo, Amnistía Internacional insta al gobierno argentino, así como al resto de los miembros del G20, a que planteen con carácter prioritario en sus debates estos compromisos para la protección de los derechos humanos en este momento de grave crisis que atraviesa el país.