La vida cotidiana de las personas migrantes en América del Sur muestra que la irregularidad migratoria profundiza las desigualdades económicas y sociales.
Ciudad de Buenos Aires, 21 de octubre.- Trabajar de manera registrada, alquilar una vivienda o un comercio, acceder a la seguridad social, ir al hospital o a la escuela rara vez es posible para quienes no cuentan con “los papeles”.
Mientras el estatus migratorio determina quién puede -o no- acceder al pleno ejercicio de sus derechos, los costos materiales y simbólicos de la misma regularización muchas veces excluyen a les que menos tienen. Laberintos de papel estudia las políticas migratorias de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay en la actualidad y subraya las fallas que producen la irregularidad migratoria.
La lupa del 2020
Este año, las oficinas de migraciones y las fronteras estuvieron cerradas durante meses, y privaron de esa manera a más migrantes de la posibilidad de regularizarse. A su vez, la contracción económica producida por la pandemia implicó menos recursos disponibles en la población migrante para costear los gastos de la regularización, un obstáculo mayor para un grupo demográfico muchas veces ya marginalizado.
El incremento del flujo migratorio desde Venezuela de los últimos años se vio acompañado por un cambio de narrativa respecto de políticas migratorias más restrictivas en toda la región. Varios Estados resolvieron contener la migración venezolana con la creación de medidas ad hoc y desistieron de cambios estructurales.
La tendencia sudamericana: hacia más exclusión y discriminación
A casi dos décadas del valioso Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Parte del Mercosur y Asociados (2002), vemos que pocos Estados expanden el carácter integrador del tratado a las nuevas olas migratorias. El concepto de migración como derecho humano está siendo reemplazado por un discurso que estigmatiza a les migrantes como factores disruptivos, sea a nivel de la seguridad pública o de la estabilidad económica.
Para les migrantes no alcanzades por el acuerdo de residencia del Mercosur, radicarse es aún más complejo y precario. A estas personas les quedan vías acotadas de regularización, como la laboral, que presupone un empleo formal, y la familiar que excluye las relaciones de segundo o tercer grado.
El acceso a “los papeles” también constituye un obstáculo más que sortear: los costos de los trámites constituyen una barrera económica ineludible y la jerga administrativa, las diferencias lingüísticas y los requisitos tecnológicos otra vez excluyen a quienes disponen de menor cantidad de recursos.
#Regularización ya
En el contexto de la pandemia de COVID-19, la regularización marca la diferencia entre quienes acceden a la salud y a la seguridad social, entre otras cuestiones. Las organizaciones y movimientos de migrantes, acompañados por organizaciones sociales y académicas, estamos demandando cada vez con más fuerza #RegularizaciónYa, para una regularización inmediata, permanente e irrestricta.
:: Informe completo ::
Esta publicación es el resultado del trabajo colaborativo de:
Argentina
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)
Brasil
Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC)
Conectas Direitos Humanos
Missão Paz
Chile
Observatorio Ciudadano
Movimiento Acción Migrante (MAM)
Colombia
DeJusticia
Corporación Opción Legal
Perú
Instituto de Democracia y Derechos Humanos (Idehpucp) de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Regional
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)