En enero de 2017 entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 70, que modificó aspectos sustanciales de la Ley Nacional de Migraciones. A cuatro años de su sanción, desde CAREF exigimos la inmediata derogación del DNU que discrimina y criminaliza migrantes.
Buenos Aires, 28 de enero de 2021.- El DNU 70, que el próximo 30 de enero cumple cuatro años de existencia, estableció procedimientos especiales para agilizar y facilitar la expulsión de personas extranjeras con antecedentes penales, sin importar el plazo de la pena ni el tipo de infracción.
Desde su puesta en funcionamiento observamos con preocupación el sentido regresivo en materia de Derechos Humanos que plantea este Decreto. Como señalamos en numerosas oportunidades, el DNU 70 amplía drásticamente las posibilidades de ordenar expulsiones y separar familias; además atenta contra el acceso a la justicia y, por otro lado, refuerza los discursos que relacionan a la migración con la inseguridad y la delincuencia, legitimando situaciones de xenofobia y discriminación hacia la población extranjera.
Por todo esto, en el mismo año de su sanción, CAREF, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo por la Diversidad presentamos un amparo colectivo solicitando la nulidad absoluta del DNU, el cual fue rechazado en la primera instancia, concedido por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y actualmente espera resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Paralelamente, junto con las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil, hemos desarrollado distintas acciones ante organismos nacionales e internacionales con el fin de que se declare su inconstitucionalidad:
- En septiembre de 2019, en el marco del 31º Período de Sesiones del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Naciones Unidas), celebrado en Ginebra, organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre los cambios normativos y las prácticas estatales introducidas por el DNU en materia de expulsión y criminalización de las personas migrantes en Argentina. También dimos cuenta acerca de las modificaciones realizadas en los procedimientos de regularización; la persecución y estigmatización de las personas migrantes; y los obstáculos para el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales en la Argentina.
- Ese mismo mes, dicho Comité instó al Estado argentino “a que adopte medidas inmediatas para derogar en la instancia pertinente el Decreto Nº 70/2017 y en tanto este proceso concluye, suspender su aplicación”. Además exigió que el Estado revise todos los casos de expulsiones que se hayan realizado desde la sanción del DNU y los que aún están pendientes de resolución.
- Organismos internacionales como el Comité contra la Tortura, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité sobre Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la ONU, solicitaron también la derogación de este decreto.
A pesar de todos estos esfuerzos, las notificaciones de expulsión dictadas en el marco del DNU 70, persisten.
En este nuevo aniversario, desde CAREF hacemos un llamamiento a las autoridades para que hagan efectiva su inmediata derogación y alertamos sobre los efectos nocivos que este decreto tiene sobre la población migrante en particular y respecto la sociedad Argentina en general.